Fecha de Publicación:
Acapulco de Juárez, Gro. Méx. 02/Octubre/2011
Dir. Revista Virtual LEMA Universitario:
Emilio Nahín Rojas Madero
“Mi vida por una mejor Nación”
¡Justicia, no Legalidad!
Por Rodrigo Huerta Pegueros
Cuando los políticos empiezan a hablar sobre la creación de comisiones o fiscalía para investigar tal o cual hecho grave sucedido en contra de persona o colectivos, quiere decir que no están interesados (los gobernantes) en hacer justicia ni llegar hasta las últimas consecuencias y por lo tanto se disponen a dar el clásico carpetazo y esperar a que otro acontecimiento haga las veces de velo para que el pasado se olvide o cuando menos sea menos visible e incómodo.
Han pasado ya varias semanas de que fue asesinado el diputado federal del PRI, Moisés Villanueva de la Luz y las autoridades se distrajeron por el hecho de que los priistas acusaron al secretario de desarrollo rural, Sofío Ramírez de ser uno de los posibles culpables del fatal suceso. Este a su vez acusó a los priistas de querer involucrarlo sin ninguna prueba y les reviró de que van a tener que responderle en tribunales y de pagarle por el daño moral infringido, dinero que será destinado a la construcción de escuelas.
Mala estrategia del PRI de querer encontrar culpables en sus ex militantes y mala postura del implicado al verse generoso de destinar dinero a causas nobles proveniente de un hecho trágico.
Y es que Sofío Ramírez en lugar de ponerse a pelear contra los priistas debe de ser el primero en presionar a las autoridades de procuración de justicia en el estado de que las investigaciones se hagan en forma ágil y que no pase el tiempo en balde ya que se sabe que cuando las pesquisas no se realizan en tiempo y forma poco probable es que se den, tanto con los culpables materiales como intelectuales.
Ahí tenemos el caso del diputado perredista Armando Chavarría Barrera quien fue ultimado afuera de su domicilio y a pesar de que se hicieron manifestaciones de repudio a este hecho, se llegó también a acusar sin prueba alguna a los gobernantes de entonces de estar involucrados en dicho homicidio. O sea, en lugar de que el caso se judicializara se politizó y los resultados saltan a la vista.
Muchos y variadas fueron las líneas de investigaciones que se abrieron para dar con el paradero de los criminales materiales e intelectuales, pero nada se logró. Siguieron los políticos haciendo grilla y las autoridades continuaron haciendo lo que humanamente—no científicamente—podían hacer, o sea, nada. El caso sigue en cero. No hay detenidos y mucho menos una línea firme de investigación.
A Chavarría lo asesinaron ¿por ser un obstáculo para que el PRI ganara la elección para gobernador en el 2011 o fue asesinado por ex guerrilleros o por cuestiones sentimentales o por deudas económicas o por qué?
Y así como este caso podemos enlistar a una serie de hechos cometidos contra regidores, diputados locales, candidatos a puestos de elección popular, periodistas y comunicadores sociales, dirigentes de organizaciones no gubernamentales o líderes indígenas o defensores de derechos humanos o dirigentes de comerciantes o de grupos vulnerables que han quedado en el olvido y sin que nadie les haga caso ni a familiares, amigos o simpatizantes.
En un seminario nacional de periodistas efectuado en el Distrito Federal hace unos días se comentó que en México no hay justicia sino legalidad. O sea, que para que se haga justicia se requiere más que la aplicación de la ley, sino que se cubran todos los aspectos de procedimientos y de investigación para que quien resulte responsable sea en realidad quien cometió el hecho criminal y no se acuse sin tener a la mano las pruebas contundentes. Y esto bien puede aplicar a lo que es hoy la justicia en Guerrero y en México.
Y así como asesinaron a Moisés Villanueva de la Luz hace unos días atrás, hace 17 años asesinaron al ex gobernador del estado, José Francisco Ruiz Massieu un 28 de Septiembre. Y al igual que ahora, entonces se levantaron una serie de dudas respecto a quién o quiénes habían sido los que ultimaron al político guerrerense, en ese entonces diputado federal y secretario general del comité ejecutivo nacional del PRI. Las autoridades crearon también fiscalías especiales y se llevaron a cabo detenciones de autores materiales y se orientó la investigación hacia la misma casa presidencial y a los grupos económicos del estado de México, particularmente al reconocido como Atlacomulco y a personeros del poder judicial federal.
La conclusión de este hecho fatídico fue cuando se detuvo, encarceló y sentenció al hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl, como el autor intelectual. Una década después el llamado ‘’hermano incómodo’’ (Raúl Salinas de Gortari) obtuvo su libertad por no haberse acreditado su participación en tal homicidio. Luego entonces, la justicia en México no brilló, se aplicó la ley tal cual pero eso no quiere decir que se le haya hecho justicia ni al político ultimado ni a sus familiares. Simplemente se enredaron en cuestiones legaloides y al final todo se resolvió a favor del acusado.
Y así podemos recordar también el caso de Luis Donaldo Colosio a quien sin más asesinaron en una plaza pública y solo se detuvo al asesino material de quien se dijo no llegó vivo al DF y quien está encarcelado es un impostor. Lo verdaderamente deplorable en este caso es que nadie supo y nadie sabe quiénes fueron los autores intelectuales del magnicidio que cimbró a la nación.
Por lo tanto, hoy a 17 años del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu no hace falta hacerle más actos en memoria de su aportación a la cultura, a la política y a las letras nacionales, sino que se requiere que se continúe demandando justicia y castigo a los culpables intelectuales, estén donde estén y sean quienes sean. Solo así se puede hacer un merecido homenaje al único de los últimos políticos guerrerenses que acarició la posibilidad de convertirse en Presidente de la República. Descanse en Paz.
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