Fecha de Publicación:
Acapulco de Juárez, Gro. Méx. 02/Octubre/2011
Dir. Revista Virtual LEMA Universitario
Emilio Nahín Rojas Madero
“Mi vida por una mejor Nación”
Impunidad e Inseguridad Rampante
¿Otro Crimen Político?
Rodrigo Huerta Pegueros*
El asesinato cometido contra el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Moisés Villanueva de la Luz viene a agregarse a un crimen político más que seguramente dará mucho de que hablar, decir y escribir, pero desafortunadamente no se tendrán los resultados que todos los ciudadanos esperamos, esto es, que se detengan a los verdaderos asesinos materiales e intelectuales, sobre todo, cuando se ha involucrado ya en este hecho criminal a un funcionario del primer nivel del gobierno estatal como lo es el secretario de desarrollo rural, Sofío Ramírez, persona cercanísima al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero.
Y lo que suponemos resultará de las pesquisas que se desarrollen no es lo deseable, pero las cosas que han pasado en estos tiempos del nuevo gobierno de Aguirre Rivero pueden darnos una pista, particularmente cuando tienen en la procuraduría general de justicia del estado un titipuchal de casos que no han sabido manejar y mucho menos informar sobre los resultados de los mismos.
El propio procurador Alberto López Rosas ha dicho que la violencia lo ha rebasado y ha dado muestras de debilidad al solicitar a los narcos una tregua para que no continúen realizando sus combates donde la población civil se encuentre involucrada. La respuesta de los criminales ha sido obvia. Cada día se cometen asesinatos en todos los lugares públicos posibles. No hay recato y el llamado no fue atendido. Tampoco podríamos decir que los resultados de las investigaciones del asesinato del diputado federal será inmediata y sustancial.
Ya hemos leídos y escuchado en diferentes foros y en distintos tonos los reclamos que se le hacen al gobierno aguirrista de que se aclare el asesinato del ex diputado local Armando Chavarría Barrera, de las agresiones contra el perredista, Guillermo Sánchez Nava, del esclarecimiento del asesinato del dirigente del partido del Trabajo, Rey Hernández o del caso del asesinato del diputado local Jorge Bajos Valverde.
Pero también se le ha exigido a la procuraduría que se llegue hasta sus últimas consecuencias sobre el caso del asesinato de Quetzalcóatl Leija y nada. O se detenga a los asesinos del denunciante del crimen cometido contra Digna Ochoa. No hay respuesta. O que se investiguen las muertes de las mujeres degolladas en diferentes partes del estado. No hay información. O que se diga que se ha hecho para detener a los asesinos del comisario de Atlixtac o quienes han sido los perpetradores de las agresiones contra policías en el municipio de Cocula. De todo eso, no hay respuestas.
Y para acabar el cuadro de la impunidad y la inseguridad rampante de Guerrero tenemos los casos sin resultados del asesinato contra un trabajador del SUSPEG o la demanda de los familiares de la esposa del legendario guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, Isabel Ayala, quien fuera asesinada a plena luz del día. Lo mismo pasa con la exigencia de justicia que continúan demandando los familiares de los periodistas desaparecidos y asesinados en la entidad. De esto tampoco hay nada. No existen resultados tangibles o palpables. Lo mismo han de pensar sobre la pobre procuración de justicia en el estado los familiares de la coordinadora de la policía turística en Acapulco quien fue ejecutada durante la mañana en calles transitadas por peatones y automovilistas. ¿Y?
Y es que no solo la procuración de justicia no ha dado muestras de eficacia o eficiencia en su trabajo sino que a la par sucede lo mismo con la secretaría de seguridad pública que no ha dado los resultados que se esperaban con el nuevo gobierno. Ahí están los casos de extorsión y secuestros que van al alza cada día en el estado. Está el ejemplo de los joyeros que aún y cuando advirtieron de las amenazas que tenían nunca se les ofertó mayor seguridad y resultó lo que todos conocemos. ¿Y los criminales?
Y lo peor de todo esto es que la desconfianza ciudadana en la procuración de justicia y la seguridad pública se ha ampliado a vastos sectores de nuestra comunidad.
Ahí están los casos de los médicos de la tierra caliente y los maestros quienes se han empeñado en no regresar a sus labores y sus clases mientras las amenazas de extorsión y secuestro continúen vigentes. El caso de los maestros merece un análisis mas amplio, pero por lo pronto podríamos sintetizarlo en que los maestros no tienen confianza en el gobierno y no creen en sus promesas. Y si esta percepción se amplía, muy poco margen de maniobra tendrá el nuevo gobierno para enfrentar los graves problemas que tiene frente así que son—entre otros—los que tienen que ver con la pobreza, la salud, la hambruna y el desempleo.
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